Escrito: Octubre de 1936
Primera vez publicado: En La Batalla, 17 de octubre de 1936, nº 66 (tercera época)
Fuente/Edición digital: Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
La lucha no está entablada como creen algunos entre democracia burguesa y fascismo, sino que el dilema está planteado entre fascismo y socialismo.
Solo la acción perseverante y revolucionaria del proletariado en el poder es capaz de destruir todos los vestigios de la burguesía que todavía tiene raíces en el germen de la nueva sociedad.
La guerra civil ha roto el equilibrio de un régimen social basado en el poderío económico de unos pocos sobre la inmensa mayoría de trabajadores. La consecuencia inevitable de esta perturbación ha sido el desorden económico dentro de la nueva orientación social que hoy está el proletariado español interesado en acelerar, porque de su decidida íntervención en los nuevos destinos de la sociedad que surge, depende la suerte para una etapa más o menos larga no sólo del proletariado de España, sino de todo el mundo.
No podemos esperar nada del régimen burgués que se hunde. El proletario si vuelve la cabeza hacia atrás sólo tiene la visión horrible de la miseria y el hambre. Nada podemos esperar de los que nos han mantenido con promesas mientras nos preparaban la trampa del fascismo que el proletariado supo contener con las armas en la mano en la acción memorable del 6 de octubre y por segunda y última vez el 19 de julio.
De la conciencia que el proletariado tenga de la responsabilidad de su misión en la actual guerra civil, depende del que su sangre derramada sea infructuosa o fecunda.
El trabajador debe desconfiar de los que aun hoy hablan de la defensa de la democracia. El nuevo orden social sólo es capaz desnevarlo hasta el fin un Gobierno obrero.
En Cataluña se ha formado un Gobierno que debe servir de estímulo y ejemplo al proletariado del resto de España. Constituido este Gobierno por una mayoría de representantes obreros y por parte de la pequeña burguesía va cumpliendo paso a paso los fines que se propuso.
El Partido Obrero de Unificación Marxista participó en este Gobierno con dos condiciones que vamos viendo cumplidas:
Que el Gobierno estuviera formado por una mayoría obrera, y que este Gobierno debiera emprender inmediatamente una obra socialista.
A este propósito debemos anunciar un decreto para dentro de breves días sobre la socialización de las grandes industrias.
El objetivo principal de nuestra participación en el Gobierno de la Generalidad es la realización de una obra socialista que nos esforzaremos todo lo necesario para verla cumplidamente realizada.
Si no fuera así, si hubiera un instante de vacilación en obra a emprender, tenedlo bien presente, trabajadores que me escucháis, el POUM no cabría, no podría estar un instante más en el lugar que hoy ocupa.
Al formarse el nuevo Gobierno, el POUM no protestó de la manifiesta injusticia que se le hacía al darle en su seno una representación muy inferior a la que por su fuerza política le correspondía. Injusticia, que se ha visto coronada al constituirse con la misma representación que en el Gobierno, los Ayuntamientos de reciente promulgación.
El Departamento de Justicia que nos correspondió, tiene en los momentos actuales una importancia extraordinaria.
Nosotros concebimos la justicia no como un ente abstracto que está situado por encima de las clases a quienes juzga imparcialmente.
Para los marxistas la justicia ha sido siempre el régimen de lucha de clases el arma de que se ha valído el más poderoso para aplastar a su enemigo. La justicia tiene el signo de la clase que domina. Antes defendía la propiedad privada. Hoy la socialización económica. Por eso podemos asegurar que ahora la Justicia está al servicio de la clase trabajadora revolucionaria, que el régimen actual exige.
Dijimos el primer día y ahora lo repetimos, que nosotros estamos en la Consejería para legislar sobre lo que ya el proletariado va realizando en la calle.
De la justicia burguesa no debe quedar nada en pie. Todo tiene que renovarse. Por eso no nos sirven los Códigos antiguos que tenían como misión defender el Código burgués.
La república nada hizo. Y su justicia ni siquiera sirvió para evitar la guerra civil que se perpetró desde que los republicanos indultaron, el 14 de abril, a los monárquicos que han venido desde entonces completando descaradamente contra los obreros.
Todavía hoy rige el Código monárquico. Creemos en la necesidad de destruir esta máquina que durante siglos ha ido torturando la carne del proletariado. Nosotros defenderemos el nuevo orden. Democrático porque emana de la clase productora que es la mayoría.
Los jurados populares han hecho una buena labor, pero tenían algunos defectos, uno de ellos el de juzgar los delitos militares con el Código monárquico.
Los delitos surgidos de la guerra civil y de la misma lucha antifascista nos obligan a formar nuevos organismos y Tribunales populares en todas las provincias.
El Tribunal Popular que se ha formado por decreto, tiene como objeto primordial, garantizar la integridad de las conquistas proletarias, que contribuyen a su victoria en la guerra.
La constitución del Tribunal Popular es una promesa de justicia en contra de los que pretendieran, a propio riesgo deshonrar la revolución con actos irresponsables.
El índice de delitos que sancionan los nuevos tribunales son nuevos y surgidos de la enorme tensión en que se desarrolla la lucha entre burguesía y proletariado. Entre el proletariado que crea una legalidad revolucionaria y el burgués que no se resigna a perder sus privilegios.
Los antiguos tribunales estaban compuestos por profesionales especializados en la aplicación de un Código que contenía todos los recursos para justificar y sancionar los abusos de los poderosos contra los oprimidos.
Nuestro Tribunal no engaña a nadie porque tiene por misión defender a la clase trabajadora.
El Consejero de Justicia tiende a que los tribunales sean obreros.
El acusado puede elegir a su defensor aunque no sea profesional o, si lo desea, él mismo. Cualquier ciudadano puede defenderlo si es preciso.
Otra de las cualidades que garantizan a estos organismos, es la rapidez en que resuelven los casos limitando el tiempo a 48 horas.
Los juicios del tribunal son de acuerdo con la conciencia revolucionaria.
Hemos podido comprobar casos en que el sentimentalismo de algunos fomentaba en algunos el germen de la traición y en otros, las relaciones más o menos parentescas o amistosas podía llegar a comprometer la fuerza de la revolución. Esto queremos suprimirlo, cueste lo que cueste.
Generalmente las condenas a 30 años o de reclusión perpetua son escamoteos a la verdadera justicia que reclama la salud de la revolución. Las sentencias de ben de ser inapelables. Son momentos de guerra civil y los tribunales no pueden ser flojos porque esto sería la muerte de la revolución.
El tribunal debe ser fuerte contra un enemigo que tiene un poderoso aliado, en el fascismo extranjero que le envía aviones, tanques y municiones.
Los tribunales serán también inexhorables con los que deshonren la revolución.
Estamos realizando el primer paso de una transformación jurídica. Pero no nos detendremos aquí. Sólo respenderemos de lo que hay en la calle. Vamos a una transformación social. A los que crean que nuestros decretos son atrevidos, les decimos que iremos más adelante. Los tribunales son el complemento de la labor que realizan en el campo de batalla nuestras milicias.
Vamos a la cabeza de la revolución española y sabemos que nos juzgamos el porvenir, y no solamente el de la clase trabajadora española. Y con la mirada fija en el proletariado del mundo entero, decimos que nuestra consigna es «Hasta el fin. Hasta morir o vencer». «Por el triunfo de la revolución internacional».